miércoles, 1 de junio de 2016

Negligencia médica. Mala praxis. Pasos a seguir para reclamar

Mala praxis médica: cómo reclamar
DoctornobodyFrente a la sospecha de una mala actuación médica lo primero que se debe hacer es tener la seguridad de que existió mala praxis.
De esta manera, como 1º paso, deberápedir la Historia Clínica donde la atendieron.
Según el criterio del Sanatorio u Hospital requerirán que el pedido de la misma se efectúe por escrito, y a veces firmado por médico o abogado, y podrán demorar de 1 semana a 40 días para entregarla,principalmente porque en estos casos al pedir Fotocopia Certificada (es decir que esté sellada cada hoja por el médico o director médico del lugar, y además llevar su firma) hace que a veces se justifique la demora, amén de que cada Historia es revisada antes de ser entregada, en mucho de los casos por el Auditor de la institución y a veces hasta por los abogados de la misma.
Si de esta manera no es posible, entonces el abogado pedirá su secuestro judicial, debiendo abrir un pequeño y rápido juicio que tiene por finúnicamente que el juez ordene que un Oficial de la justicia se apersone a la institución a requerirla por la fuerza pública si es necesario.
Con la Historia clínica en mano debemos hacer verla por un Médico Legista (es decir médico preparado en Medicina legal, quien puede merituar en porcentaje la incapacidad que le quedó a la paciente, a la vez que elaborará un informe consciente y completo sobre la existenciade negligencia médica, la viabilidad del reclamo y la prueba que existe para demostrarlo.
¿Qué pasa si la Historia esta adulterada? que también ocurre, bueno, el medico legista se da cuenta en el 80% de los casos y lo pondrá en conocimiento del Abogado especialista con quien trabaja, a fin de que se haga valer posteriormente.
¿Qué pasa si la institución no tiene la Historia, la perdió o no la quiere entregar?
En cualquier caso sea el caso de la adulteración o pérdida es un punto muy en contra de aquellos, ya que en juicio una historia inexistente o adulterada implicará presunción para nuestra parte de que lo que decimos en la demanda es cierto, en tanto no podrán probar su descargo de cómo actuaron, porque la documentación fundamental donde se encuentra esa defensa, no está.
Incluso hace que la carga de probar el actuar cambie de cabeza delpaciente a la clínica y sean ellos quienes deban probar que actuaron bien y no nosotros la falta cometida.
Si la perdieron también son responsables, ya que son ellos quienes ejercen su guarda que obliga por un tiempo mínimo de 15 años su archivo.
Una vez el informe, el abogado de nuestra confianza, que se aconseja tenga experiencia o bien sea especialista en mala praxisleerá el informe, y arrojando éste la negligencia del médico o institución, se lo citará tanto a él como a la clínica, la obra social y el seguro Civil de todos a una Mediación (ley 24.573 -Capital Federal) a fin de lograr un acuerdo económico que repare al paciente por lo sucedido.
Son citados entonces como responsables del acto o actos médicos de los que se le acusan, los médicos intervinientes, la clínica, la obra social si existe y los seguros de todos estos, quienes se presentarán con patrocinio de su abogado.
Debemos decir que los Hospitales o instituciones públicas (sean municipales, estatales o provinciales) no tienen obligación de llegar a mediación, es decir, no se los multará como a los demás si no van, sino que la ley los eximen. 
Además de que en general no cuentan con seguro o si, y se trata de agrupaciones de los mismos médicos. Pero el tema se torna más complicado ya que no podremos resolverlo en mediacióndeberemos ir a juicio y citar también en ese caso a la comuna, Provincia o Municipalidad)
La mediación no es un ámbito para llevar testigos, presentar pruebas o cualquier otra cosa judicial como se cree, sino que es un espacio de discusión entre profesionales, paciente y los médicos, absolutamente confidencial y que tiene por fin conciliar el tema.
Si no tiene éxito entonces se irá a juicio, en cambio si se logra un acuerdo, este tendrá la misma autoridad que una sentencia. Tiene una duración promedio en caso de acuerdo de 6 meses que se contraponen con los 2 o 3 años que dure el juicio eventualmente.
En la mediación los médicos consultores de las partes generalmente se concurren a Junta Medica con la Historia y a veces con el/la paciente, a fin de determinar con un único criterio si se trató de mala praxis y ponerse de acuerdo en el porcentual de incapacidad, si lo hay y el tipo de negligencia, para luego elevar tal dictamen a sus abogados y discutir ellos la cifra dineraria a entregar.
Es interesante recordar que cualquier reclamo de este tipo solo tendrá sentido llevarlo adelante si ha existido daño para la pacienteno solo si hubo negligencia, ya que lo que se reparará será el daño no el mal actuar del médico, si esa negligencia existió y perjudicó en más o en menos a la paciente, ya sea de forma definitiva o no, absoluta o parcialmente, entonces habrá indemnización, sino no.-
Recordemos que la prescripción es de 10 años, es decir el tiempo para reclamar por una presunta mala praxis, es de 10 años como paciente, y si voy como heredero de quien la sufriera (por Ej. Mi padre fallecido) entonces serán 2 años.
Es importante decir que la jurisdicción, o sea, los tribunales que entiendan en la materia, estará dada por el lugar (Institución) donde se practicó la mala praxis o bien según donde el Seguro de la misma tenga su casa matriz, de esta manera, si la negligencia fue en Tucumán, pero la clínica tiene una de los 10 o 12 Cias Aseguradoras que se ocupan del temalo más probable es que tenga domicilio en Capital, por lo que el juicio se puede iniciar en Capital perfectamente. 

martes, 31 de mayo de 2016

Sancionan a psicóloga por falta de ética y el uso indebido de técnicas con menores

Se trata de la licenciada Daniela Lezcano, la profesional que interviene en el controvertido caso Gonzalo y otros tantos en los que denuncian presunto abuso de menores de edad en plena puja por la tenencia de los chicos. En las últimas horas, el Colegio de Psicólogos de la Provincia la sancionó por su polémico accionar que colisiona con el código de ética profesional como así también le cuestionan sus métodos para entrevistar a los menores involucrados.


Médicos sin aval meten mano a la cirugía plástica; no hay registro oficial de las operaciones en Bolivia

-Selectos
    
Alarma. Médicos de otras ramas realizan implantes y operaciones sin aval de especialistas. En Santa Cruz pululan las mal llamadas ‘clínicas’, que son casas.

Cirugías plásticas acaban en hoteles; falta control

Rentable. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, dijo que algunos pacientes extranjeros son opera-dos en clínicas, pero el proceso de recuperación lo hacen en un hotel y nadie se entera.
Explicó que ya enviaron una carta a la Cámara Hotelera advirtiendo que no se debe aceptar ese tipo de huéspedes. Para el presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Humberto García, es muy grave que cirujanos generales, dermatólogos y otorrinos incursionen en este tipo de operaciones poniendo en riesgo vidas. Lo peor es que las personas se someten a ellas sin verificar nada.

Médicos sin aval meten mano a la cirugía plástica

UNA BOMBA DE TIEMPO. Hay médicos de otras ramas que incursionan en la cirugía plástica, pese al riesgo. Las autoridades hablan de ‘rentabilidad’. No existe la formación de esta especialidad en Bolivia.
imageEL DEBER, Santa Cruz 
Esta modelo cruceña se aumentó las mamas para lucirse. En la foto, antes y después. Foto: Leonardo Ville.
La cirugía plástica se ha convertido en una de las subespecialidades de la medicina más rentables en los últimos tiempos, al punto que profesionales que no tienen una capacitación formal en esta área terminan incursionando en ella, exponiendo al paciente a complicaciones e incluso la muerte.
Autoridades y gremios ligados al tema reconocen esa realidad que en los últimos tiempos ha quedado en evidencia a través de uno de los casos que más conmocionó al país: la muerte de la joven médica Daisy Almaraz después que el ginecólogo Luis Orestes Harnés le practicó una mamoplastía de aumento.
“Esta especialidad viene siendo agredida por colegas que no han recibido esta formación. Hay cirujanos generales, dermatólogos, oftalmólogos, otorrinos, traumatólogos y demás que se dan el gusto de incursionar en cirugía plástica, algunos solo porque en cierto momento ayudaron a un cirujano plástico. Es muy grave, porque así como no puede pasar nada en una, dos o diez cirugías, en algún momento salen las complicaciones”, advierte el presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Humberto García Iriarte.
El mismo director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, lo reconoce. “Sabemos que eso está sucediendo en Santa Cruz, cirujanos que operan, pero de forma clandestina. Es ilegal lo que hacen, están usurpando funciones porque no están autorizados (para cirugías plásticas)”, dice.
Un negocio rentable
Monasterio atribuye esta situación a lo lucrativa que se ha convertido esta especialidad, pues cada vez hay más pacientes no solo de Bolivia, sino también del exterior, especialmente por los precios más económicos.
Según especialistas consultados por EL DEBER, las cirugías más demandadas en la actualidad son la abdominoplastía (reafirmar el abdomen), la lipoescultura (moldea el cuerpo), implantes mamarios, reducción y elevaciones mamarias, rinoplastías (nariz), lifting facial (estiramiento), gluteoplastías y cirugías posobesidad (correcciones en el cuerpo, después de grampear el estómago).
Por ejemplo, mientras en Santa Cruz una abdominoplastía cuesta $us 2.000, en Brasil llega a más de $us 2.800, en Chile y EEUU casi $us 5.000 y en Argentina más de $us 5.600, según ofertas en internet. Una lipoescultura en Santa Cruz cuesta entre $us 1.500 y 2.000, mientras que en el exterior oscila entre 2.400 y más de 4.500. Una rinoplastía cuesta entre $us 700 y 1.000, y en el exterior supera los $us 3.000. Se estima que ante la demanda, estos precios en Bolivia aumentaron entre 30 y 50% los últimos 10 años.
Técnicamente, la liposucción es una de las cirugías más sencillas, según García, al punto que un cirujano general la puede hacer mirando el procedimiento unas dos o tres veces. Sin embargo, también es una de las que más complicaciones puede tener, por ejemplo, al introducir las cánulas para absorber la grasa, se puede llegar a perforar el abdomen si no se tiene el cuidado necesario, lo que ocasiona una infección que termina en peritonitis, ocasionando la muerte del o la paciente. “Hay gente que cree que es meter la canulita nomás y aspirar grasa. La mayor parte de los accidentes graves o muertes están ligados a la liposucción, más abdominoplastía. Esta última, con frecuencia también la hacen cirujanos generales sin tener la especialidad”, señala García.
Pese a que en el país se han creado las residencias médicas de varias especialidades, todavía no existe la de cirugía plástica, por lo que el médico debe salir al exterior a formarse. Incluso el Sistema Nacional de Residencia Médica dependiente del Ministerio de Salud no la contempla. Sin embargo, el ministerio, a través del Colegio Médico y la Sociedad de Cirugía Plástica, otorga certificados de esa especialidad a profesionales que obtuvieron una formación académica en el exterior.
Especialistas por ‘decreto’
Algunos profesionales, amparados en el Decreto Supremo 18886 de 1982, del Gobierno del general Celso Torrelio, pretenden hacerse reconocer como especialistas en cirugía plástica por la experiencia adquirida en la práctica y no mediante formación académica. El artículo 12 señala que los profesionales que acrediten más de cinco años en actividades de una especialidad pueden aspirar a la calificación de especialistas.
Tal es el caso del cirujano general Ronald Arce Alatrista, de origen peruano, que se tituló como médico cirujano general en Bolivia y que señala que sus derechos al trabajo, al empleo y a la igualdad están siendo vulnerados, de acuerdo con el expediente legal del caso que abrió contra las autoridades del Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad de Cirugía Plástica, después de que estas le negaron el certificado de especialista.
Arce, que fue ayudante y participó de cirugías plásticas en el hospital San Juan de Dios y una clínica privada por al menos 10 años, presentó un amparo que ganó en un tribunal de La Paz, pero la parte contraria apeló y el caso fue hasta el Tribunal Constitucional. El 12 de octubre de 2012 este tribunal emitió una sentencia que deroga el fallo de La Paz y deniega la demanda. También insta al Ministerio de Salud que en coordinación con instituciones públicas y privadas implemente la residencia de cirugía plástica en Bolivia.  
El Colegio Médico de Santa Cruz y la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica justifican el fallo al señalar que el decreto se creó en un momento en que en Bolivia no había formación en ninguna especialidad, lo que no sucede hoy, y si bien la norma no fue derogada, no se aplica desde 1997. EL DEBER intentó entrevistar a Arce, pero se excusó aduciendo que consultaría con sus abogados. En el sitio web de la clínica Balance figura como cirujano plástico. Arce asegura que se ha desligado de este centro, pero hicimos una llamada para consultar sobre una cirugía plástica con él y su secretaria dijo que si bien no asiste regularmente, podríamos hacer una cita para la próxima semana
La ley sanciona el ejercicio indebido de la profesión
El Ministerio Público, a través de la unidad de Delitos Contra las Personas, que está a cargo del fiscal Jimy Cuéllar, se hace cargo de los casos en que un médico es denunciado por ejercer sin autorización, por lesiones graves o gravísimas a un paciente o, finalmente, por la muerte de este.
El artículo 164 del Código Penal establece como delito el que una persona ejerciere indebidamente una profesión para la que se requiere título, licencia, autorización o registro especial. Sanciona con privación de libertad de uno a dos años, pero esta pena puede agravarse si hay lesiones graves o gravísimas, y si el paciente muere puede ser procesado por homicidio culposo.
El Colegio Médico, mediante su Tribunal de Ética, puede determinar su suspensión.

No hay registro oficial de las operaciones en todo el país

No hay ninguna institución que contabilice y controle las cirugías plásticas en Bolivia, excepto las mismas clínicas. La gente tampoco tiene cuidado.
Ni el Colegio Médico, ni la Sociedad de Cirugías Plásticas ni el Servicio Departamental de Salud (Sedes) llevan registro de las cirugías plásticas que se hacen en Santa Cruz y el resto del país. Incluso el Ministerio de Salud que tiene el Sistema Nacional de Información, solo contabiliza intervenciones en el sistema público, en este caso cirugías reparadoras sobre todo cuando se trata de quemados.
“No es nuestra función hacer registro de lo que se hace, cada establecimiento tiene su registro y si queremos cierta información la pedimos a cada centro”, reconoce el director del Sedes, Joaquín Monasterio. También admite que no se hacen operativos para ubicar a profesionales o gente que hace cirugías plásticas sin aval: “El Sedes no es policía, no tiene condiciones para estar vigilando todo el tiempo, actuamos de oficio cuando hay una denuncia”.
En cualquier lugar
“Creen que la cirugía plástica es cosmética, entonces la hacen en cualquier pasillo, un consultorio o donde sea”, lamenta Humberto García y recuerda el caso del cirujano Orestes Harnés, que hizo la cirugía de mamas en la maternidad Percy Boland, el cual no es un hospital autorizado para esto.
García considera que los pacientes también tienen la culpa, porque hasta para comprarse un auto consultan y se cercioran más que antes de entrar a un consultorio. “Más lo hacen porque la amiga o un familiar le recomienda”, lamenta.
Monasterio incluso tiene conocimiento de que hay cirugías plásticas que terminan en hoteles. “Hemos mandado un comunicado a la Cámara Hotelera advirtiendo que no deben aceptar ese tipo de alojados. Los pacientes vienen del exterior, los operan en una clínica, pero el proceso posoperatorio (recuperación) lo hacen en un hotel. Si se complica es grave y si no, nadie se entera”, relató sin especificar el nombre de los hoteles.
El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Erwin Viruez, asegura que también hay centros donde se hacen intervenciones por parte de profesionales no acreditados y algunos que ni siquiera son médicos. “Hay un área muy grande, que es la medicina estética, lo malo es que no hay reglamentación sobre este tema, hay un vacío legal”, advierte e indica que hasta se usan spa para hacer este tipo de intervenciones. Algo común es la inyección con botox
PARA SABER
CIRUJANOS CON CERTIFICADO
Según la Sociedad Boliviana filial Santa Cruz, estos son los cirujanos plásticos autorizados: Edgar Achá Vargas, Nadir Salaues H., Miriam Aicardi, Víctor Hugo Arteaga, Wilfor Arce Gómez, José Luis Ballivián, Milton Blanco, Luis Burgos, Tito Said Barzola, Jorge H. Candia, Miguel Ángel Cassal, Javier Cossío, Édgar Chávez, Marco A. Eyzaguirre, Moisés Fernández, Marco Flores, Rembert Lijerón A., Rodrigo Mercado H., Betty Mogro, Jorge Montero Y., Miguel Moreno P., Marcelo Portugal, Ali Elvio Ruilowa, Carlos Sandoval L., Ricardo Sasamoto, Dafne Serrano, David Suárez, Rubén Tufiño B., Jorge Vaca G., Carlos Vacaflor, Roberto Vargas, Jaime Villalta, Jorge Eduardo Peñarrieta y Óscar Ramírez.
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
El postulante al certificado en la especialidad de cirugía plástica debe acreditar el centro de formación donde se capacitó. Esa y otra documentación adicional se presenta al Comité Científico Departamental del Colegio Médico, luego pasa a la Sociedad científica, posteriormente se va a las mismas instancias, pero a escala nacional, donde se acepta o se rechaza.

En Santa Cruz pululan las mal llamadas ‘clínicas’, que son casas

Erwin Saucedo / Exviceministro De Salud
La práctica médica tiene normas que deben ser cumplidas; sin embargo, por una serie de razones, como la irresponsabilidad de algunos profesionales y la falta de control adecuado de las instancias pertinentes, las irregularidades se hacen cada vez más frecuentes.
Hay médicos que incursionan en un campo que les está vedado por no tener la especialidad, como cirujano general puedo hacer muchas técnicas quirúrgicas reparadoras, pero no cirugías plásticas.
También se hacen estas cirugías en lugares que no reúnen las condiciones. Cada año se tienen que renovar las licencias de las clínicas, pero no siempre sucede esto. En Santa Cruz pululan las mal llamadas clínicas, que son casas acondicionadas para estas cirugías y no reúnen las condiciones. Incluso se hacen intervenciones en spa.
También falta una gran dosis de responsabilidad en algunos profesionales que incursionan en prácticas que no les están permitidas. Hay una oferta bastante barata con relación al exterior, pero de alto riesgo. Esto se reproduce de forma lamentable y preocupante en todo el país.
Si el Ministerio de Salud, como ente regulador, hiciera cumplir las normas y, por otro lado, los cuerpos colegiados y las sociedades del área fueran exigentes tendríamos un equipo de profesionales altamente capacitados y autorizados.




Aumentan en México cirujanos plásticos falsos; existen más de 20 mil

25 de Diciembre, 2015
     
Una propuesta legislativa enviada a la Comisión de Salud para su análisis, precisa que se clausurará temporal o definitivamente, según la gravedad de la infracción y características de la actividad o establecimiento, a quienes en sus anuncios, documentos, papelería o publicidad, incluyan la leyenda "registro en trámite" o cualquier otra similar.
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En México existen más de 20 mil médicos cirujanos plásticos falsos o mejor conocidos como "charlatanes", por lo que la diputada priista Elvia Palomares Ramírez impulsa reformar la Ley General de Salud, e incluir la cirugía estética y reconstructiva en las actividades que requieren títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

La propuesta enviada a la Comisión de Salud para su análisis, precisa que se clausurará temporal o definitivamente, según la gravedad de la infracción y características de la actividad o establecimiento, a quienes en sus anuncios, documentos, papelería o publicidad, incluyan la leyenda "registro en trámite" o cualquier otra similar.

La diputada federal por Puebla señaló que en nuestro país cada vez son más los médicos falsos que se ostentan con diplomas expedidos por instituciones sin registro oficial, brindando servicios de salud en consultorios clandestinos donde practican, en su mayoría, cirugías estéticas que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Destacó que la cirugía estética presenta un mayor número de personas afectadas por malas prácticas, según la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Por cada cirujano médico reconstructor especializado, resaltó, existen 15 personas que se dicen especialistas sin serlo y aplican productos como aceite de cocina, de coche o para bebé, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar enfermedades, amputaciones o hasta la muerte.

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), México ocupa el tercer lugar dentro del ranking internacional en procedimientos de cirugía estética, superado por Estados Unidos y Brasil. "Es una gran cantidad de personas que se somete a estas intervenciones, lo que es alarmante".

Palomares Ramírez enfatizó que este tipo de casos existe debido a que es común que individuos se exhiban como profesionales en medicina con diplomas sin ninguna validez oficial o se respaldan con cursos, muchos de ellos a través de Internet, que no acreditan los conocimientos suficientes para llevar a cabo dicha práctica.

Indicó que para el segundo trimestre del 2014, había poco más de 343 mil 700 personas que estudiaron medicina. De los profesionistas médicos que son activos económicamente, la población ocupada asciende a 277 mil 177 personas, 98.6 por ciento, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aproximadamente existen 1.9 médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en el país; algunas entidades están por arriba del promedio nacional, destacando Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León con alrededor de 3 médicos por cada mil habitantes, en contraste con Guerrero y Zacatecas que registran uno por cada mil.

"Es preciso hacer cambios a la Ley General de Salud frente a los retos actuales que el ejercicio indebido de la medicina nos presenta", subrayó.

mej
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domingo, 22 de mayo de 2016

Eventos y noticias

Se concede la prestación por maternidad al padre de dos mellizos nacidos por gestación subrogada

Se concede la prestación por maternidad al padre de dos mellizos nacidos por gestación subrogadaLa polémica técnica de gestación por sustitución vuelve a saltar a la palestra en relación a la posibilidad de reconocerle efectos jurídicos en nuestro ordenamiento. El TSJ de Murcia, en sentencia de 30 de Marzo de 2015, ha confirmado la sentencia dictada por el juzgado de lo Social número 2 de esa ciudad, que estimó la demanda del padre de dos mellizos nacidos en la India, en virtud de un contrato de gestación por sustitución, frente a la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de denegarle la prestación por maternidad.

El demandante, personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, fue padre el año 2013, en virtud del citado contrato, de dos hijos nacidos en la ciudad India de Nueva Delhi. La inscripción de ambos menores como hijos del demandante se produjo en el Registro Consular Español de Nueva Delhi conforme a la Instrucción de 5 de Octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.

La madre biológica renunció a favor del demandante, mediante comparecencia ante Notario del Gobierno indio, a todos sus derechos como madre y, en particular, reconoció a aquél como único beneficiario de cualquier prestación o subsidio que se pudiera solicitar en España.

El Servicio Murciano de Salud concedió al demandante el permiso de maternidad de 18 semanas para el cuidado y protección de los hijos, pero al solicitar la prestación económica por maternidad por dicho descanso, ésta le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, al entender que no se encontraba en ninguna de las situaciones cubiertas por esta prestación.

Frente a dicha negativa se formuló reclamación previa, que fue desestimada, así como demanda ante los juzgados de lo social, cuya sentencia favorable al demandante motivó el posterior recurso de súplica interpuesto por el INSS.

Para el TSJ de Murcia, la nulidad con la que la ley de reproducción humana asistida sanciona al contrato de gestación por sustitución tiene la finalidad de proteger a la madre biológica y no elimina la posibilidad de recibir la prestación por maternidad por el padre biológico. Éste podrá disfrutar la prestación cuando, como ocurre en la presente situación, la madre no tuviera derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestación. Tanto la suspensión del contrato de trabajo como la prestación por maternidad se establecen en razón al interés superior del menor que requiere de una especial atención, tanto en los supuestos de parto como en los de adopción o acogimiento, por lo que en este supuesto, entiende el Tribunal, se da una razón adicional para conceder ambos derechos dado que el padre era el único que tenía atribuida la custodia y no convivía con la madre biológica.

Esta sentencia sigue la misma línea jurisprudencial que numerosos Tribunales de lo Social, aunque lo más frecuente es que éstos recurran a argumentos de semejanza de la maternidad subrogada con la adopción o el acogimiento, por tratarse de situaciones protegidas por la Ley General de la Seguridad Social.

En el presente supuesto no se hace necesario acudir a estas analogías al tener el demandante acreditada la condición de padre biológico y encontrarnos con una madre que no puede disfrutar de estos derechos. En cualquier caso, hay que destacar que llamar la atención sobre el hecho de que se concedan efectos jurídicos a un contrato que nuestra legislación califica como nulo y que el Tribunal Supremo considera contrario a nuestro orden público internacional.

Según el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de febrero de 2014, no puede disociarse el contrato de gestación por sustitución de lo que es una consecuencia directa de éste, como la inscripción de la filiación en el Registro Civil español, argumento que podría aplicarse a otros efectos jurídicos como el derecho a la prestación por maternidad.

Nota millennium: La Instrucción de 5 de Octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, quedó anulada en la práctica a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014.

El TJUE en las Sentencias de 18 de marzo de 2014, Asunto C-167/12 y Asunto C-363/12, interpretó que la Directiva 92/85 del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), no obliga a la concesión de permisos de maternidad a madres subrogantes, si bien tampoco excluye la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer disposiciones más favorables para la protección de las mismas.

(V. nuestro comentario)

La prestación por maternidad está íntimamente ligada a la suspensión del contrato de trabajo, puesto que aquélla se percibirá “durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.4 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo” (art 133 bis LGSS).

En dicho precepto se establece que la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tiene derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho a la suspensión del contrato de trabajo por paternidad (art 48.4 ET).

En el artículo 133 ter de la LGSS se indica que serán beneficiarios de la prestación por maternidad los trabajadores por cuenta ajena, que disfruten de aquella suspensión en su contrato de trabajo y cumplan los requisitos legales y reglamentarios, “cualquiera que sea su sexo”.

Fuentes: Laverdad.es 
DIAGO DIAGO, Mª. P., “Igualdad de trato entre los trabajadores y las trabajadoras: negativa a concederle a una madre subrogante un permiso retribuido equivalente a un permiso de maternidad o a un permiso por adopción”. Revista Jurídica de Cataluña, Nº3,2014, pp 256-262.

domingo, 8 de mayo de 2016



Las cuestionadas cirugías del doctor Ramos
Mientras periodista que denunció al médico está imputado, la Fiscalía no ha responsabilizado al acusado de practicar cirugías plásticas ilegales.
Por: Jaime Andrés Flórez Suárez
En Twitter: @jflorezs


Las cuestionadas cirugías del doctor Ramos Juan Esteban Mejía, periodista denunciado por el médico Carlos Ramos. / Cortesía


La vida de Cristina Trejo tiene un punto de quiebre claro y adverso: el momento en que conoció al médico Carlos Ramos Corena. De él supo por los comerciales en canales locales de Medellín en los que promocionaba los servicios de cirugía estética de su clínica Quiruestetic. Allá llegó con la ilusión de hacer varios cambios en su cuerpo que catapultaran su carrera musical, pero eso no fue lo que encontró. 
 
Cristina Trejo, quien en realidad se llama Vedier Trejo, se sometió a una cirugía de cambio de sexo hace 18 años. Su vida estaba enrutada hacia lo que considera la felicidad: tenía casa, un restaurante, una carrera musical y una pareja, con quien compartía el deseo de adoptar. “De eso no queda nada, él me destruyó”, dice refiriéndose a Ramos Corena.
 
Cristina quería que le operaran los senos y le hicieran un retoque en su vagina, pero el médico además le prometió transformaciones en su nariz, cejas, mentón, diseño de sonrisa y una liposucción. Todo costaba $35 millones que ella le pagó con un apartamento en Bogotá, como figura en el contrato que ambos firmaron en diciembre de 2009.
 
Ese mismo mes empezaron las intervenciones. Nada salió bien. De los cambios prometidos en su rostro sólo le operó la nariz, en el proceso le deformó el tabique; en vez de una liposucción, como habían acordado, le hizo una abdominoplastia fracasada, y el retoque en su vagina terminó en la deformación y mutilación de sus labios mayores.
 
El corte en su abdomen se infectó y le dejó una cicatriz prominente que atraviesa todo su vientre, su cadera se deformó, la areola de sus senos quedó estropeada y perdió sensibilidad. Desde las cirugías, Cristina no puede respirar bien, se sofoca fácilmente, lo que frustra sus deseos de cantar, además se le entumecen las piernas y le duele la columna, no soporta estar de pie durante mucho tiempo.
 
Ahora no puede trabajar, su salud se lo impide. A raíz de las complicaciones en sus genitales terminó la relación con su pareja y desde entonces está sola. Cristina denunció por lesiones personales y estafa a Ramos Corena ante la Fiscalía, el tiempo pasó y la investigación no avanzó, ahora le dicen que cinco años después de las cirugías, la demanda por lesiones personales prescribió. 
 
Ella asegura que si las autoridades hubieran atendido la denuncia, situaciones como la suya no se hubieran repetido. El concejal de Medellín Bernardo Guerra, quien hizo la primera denuncia contra Ramos Corena hace ocho años, dice que a su despacho han llegado informes de tres casos de mujeres que murieron y de al menos 10 que sufrieron lesiones tras ser operadas por Ramos Corena, quien impuso una tutela contra el concejal por, supuestamente, violar su derecho al buen nombre. Finalmente, un juzgado de Medellín falló en 2013 a favor del concejal. 
 
Lo cierto es que la denuncia de Cristina no avanzó, Ramos Corena siguió operando y casi dos años después, Tatiana Posada Jiménez murió tras una cirugía aplicada, según sus familiares, por el mismo médico, quien no es especializado en cirugía plástica. Tatiana contactó a Ramos Corena para que le hiciera un implante mamario y una liposucción; el 13 de agosto de 2011 el médico le aplicó el procedimiento. Los tres días siguientes fueron una pesadilla para la odontóloga de 26 años: le costaba respirar y le dolía el cuerpo, según cuenta Germán Gómez, exnovio de Tatiana, en Con la piel rota, un especial televisivo emitido por Teleantioquia en 2012. El 17 de agosto en la mañana la joven asistió a una cita acompañada por sus abuelos para que le hicieran masajes posoperatoios. Cuando llegaron al consultorio se desmayó, su abuelo tuvo que recogerla del piso; no había reanimador, ni siquiera una pipa de oxígeno para asistirla. Llamaron al médico Ramos Corena y él les dijo que la trasladaran a Quiruestetic, algo que sorprende a Gómez, pues la clínica Medellín quedaba muy cerca del lugar de donde estaban y habrían podido atenderla con mayor prontitud. Al llegar a Quiruestetic la reja del edificio estaba cerrada, tardaron 15 minutos en entrar. Cuenta su madre, Luz Jiménez, que cuando la acostaron en la camilla para entrar al quirófano la joven ya había muerto ahogada por un tromboembolismo pulmonar, según Medicina Legal.
 
La familia de Tatiana buscó a un perito particular para que analizara el caso. El informe, firmado por Juan Guillermo Rodas Duque, médico especialista en cirugía plástica, contiene afirmaciones que implican a Ramos Corena en la muerte de Tatiana. Tras la cirugía presentó sangrado exagerado, mareos y desmayos que le fueron informados al médico, pero “no les dio la importancia debida, ya que no se hizo un examen clínico de signos vitales ni una prueba de sangre para hemoglobina y hematocrito que hubiese diagnosticado la complicación”. Además, asegura el informe, es probable que Tatiana necesitara hospitalización y ella estuvo todo el tiempo, tras la cirugía, en casa. 
 
Por otra parte, en los glúteos de la joven, los médicos forenses encontraron un líquido viscoso que contenía aldehídos alifáticos, sustancias de carácter industrial que no se usan en medicina, según el perito. 
 
El abogado de Ramos Corena, Mauricio Betancourt, asegura que su apoderado no oficiaba como cirujano durante las intervenciones sino como auxiliar, tal como se registra en las historias clínicas. Y frente a las numerosas acusaciones, responde que hasta hoy no hay nada comprobado, ni una condena ni una imputación de la Fiscalía contra el médico.
 
La de Tatiana fue una de las historias que Juan Esteban Mejía, en ese entonces corresponsal de la revista Semana en Medellín, contó en un artículo publicado en 2011 y por el que la Fiscalía lo imputó esta semana, tras una demanda por injuria que impuso Ramos Corena, pues en el artículo dice, al parecer por un error de edición de la revista, que Ramos Corena no es médico; él efectivamente posee este título, pero no la especialización en cirugía plástica necesaria para hacer todas las intervenciones fracasadas de las que se le acusa y que le han costado la vida y han marcado el cuerpo de varias mujeres.
 
Mientras la Fiscalía ya actuó contra Juan Esteban Mejía, lo que podría acarrearle entre 16 y 54 meses de prisión, contra Ramos Corena no hay imputación aún, después de 8 años de denuncias.

domingo, 1 de mayo de 2016

Errores en cirugías estéticas que se pagan ante la justicia


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Errores en cirugías estéticas que se pagan ante la justicia
Entre las sustancias ilegales que inyectan algunas clínicas piratas están aceite, cera de vela y hasta cemento. También se aplica ácido hialurónico, sin patente de Invima.
Archivo de El País.
17 años. Es el tiempo que deberá permanecer en la cárcel Ricardo Raúl Arenas Riveras, el hombre que sin tener título de cirujano plástico, ni siquiera de médico, le realizó una liposucción en los brazos a una mujer que terminó muerta en su consultorio.
La decisión fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial el pasado mes de febrero.
Ese fallo, considerado por los magistrados de esta sala como una decisión  que marca precedentes frente al problema de las prácticas irregulares de cirugías estéticas que hay en Cali, señaló a Arenas Rivera como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple a título de dolo eventual.
Lea aquí el fallo de la Sala Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial.
El pronunciamiento, que confirma la sentencia emitida por otro juzgado en el 2013, responde a hechos ocurridos en el 2008, cuando la víctima, identificada como Ana Dilia Delgadillo Correa, acudió al consultorio del supuesto médico, ubicado en el sur de Cali.
De acuerdo con la investigación, a la mujer primero se le suministró un medicamento que le provocó sueño. Media hora después ingresó al consultorio que, según las declaraciones que brindaron testigos, solo tenía una camilla y la máquina que succionaba la grasa del cuerpo.
Pasaron 40 minutos después del ingreso de Ana al consultorio y la asistente del supuesto médico (quien a su vez era la secretaria del consultorio) le dijo a su acompañante que podía irse porque todo estaba bajo control.
Lea también: Proyecto de ley busca prohibir cirugías estéticas en menores de edad.
El mismo parte de tranquilidad entregó la asistente de Arenas Rivera al esposo de la paciente. Sin embargo, después de varias horas no obtuvo más noticias de su estado de salud. Al llegar al consultorio, el cónyuge  encontró el cadáver de su esposa, según relata la sentencia.
La mujer, dice el fallo, sufrió una hipoxia severa (deficiencia de oxígeno en sangre, células y tejidos del organismo). Esto, por cuenta de una alergia en vías respiratorias que comprometió la oxigenación del sistema nervioso central.
La Sala Penal, además de la pena de cárcel, determinó inhabilitación de derechos y funciones públicas por 20 años para Arenas Rivera, quien no terminó sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle y de quien se dijo, incluso, que durante su permanencia presentó bajas calificaciones, según refirieron voceros del alma máter en las audiencias convocadas.
Han pasado siete años de este hecho pero, según los magistrados que participaron en esta decisión, lo importante es que, aunque tarde, se demostró que quienes se lucran de realizar procedimientos estéticos irregulares sí tienen castigo. “Lo que pasa es que la gente no denuncia, creen que a esas personas no les pasa nada”, agrega uno de los magistrados consultados por El País.

Pidiendo justicia

Hoy, en la unidad de Lesiones Personales de la seccional de la Fiscalía hay en proceso  28 casos por malos procedimientos estéticos.
De ellos,  27 están en etapa de indagación (dos listos para formular imputación) y uno en etapa de juicio por deformidad física y perturbación permanente.
Las denuncias se han presentado por irregularidades en procedimientos con biopolímeros, liposucción, papada y abdomen, senos, implantes mamarios, aumento de glúteos,  asimetría de rostro, lipectomía y lipoescultura.
En la Unidad de Vida de la Fiscalía (que  investiga muertes y tentativas de homicidio) hay, además, siete casos vigentes de personas fallecidas en este tipo de procedimientos.
La familia de Angie Liceth López Patiño, de 21 años, quien la semana pasada llegó desde Alemania para practicarse una lipoescultura que posteriormente cobró su vida, está considerando acudir a la justicia para aclarar los hechos.
Se dice que la joven murió por un paro cardiorespiratorio, pero las investigaciones preliminares indican, según  fuentes cercanas a  la Secretaría de Salud de Cali, que   habría sufrido un pinchazo en el hígado, lo  que le provocó una hemorragia. Aún se espera el dictamen de la autopsia por parte de Medicina Legal para confirmar.
La cirugía, según la indagación preliminar de la Secretaría de Salud del Valle, se realizó en el Servicio Elite de Salud SAS. El sitio, de acuerdo con lo comprobado hasta ahora  por la autoridad, cuenta con habilitación para operar y los médicos cumplen con los requisitos para ejercer.
“La niña se hizo la cirugía y nadie la acompañó, pero la asistente del médico firmó su ingreso como la acompañante. Hasta el cuerpo nos lo iban a entregar sin que llegara el CTI a hacer el levantamiento. Lo que queremos es que a nadie más le pase esto, que no haya impunidad en estos sitios que funcionan como clínicas, pero donde se hacen procedimientos clandestinos”, dijo Élmer López Manzano, familiar de la Angie.

Pago por el silencio

Aunque en el sistema judicial parecen visibilizarse más las muertes y perjuicios por procedimientos estéticos mal hechos, son muy pocos los casos que se conocen porque las víctimas no se animan a denunciar.
“De las 15 consultas mensuales que nos hacen sobre cómo jurídicamente se pueden tasar daños y perjuicios para que médicos profesionales respondan, solo uno se anima a adelantar el proceso ante la Fiscalía o ante una instancia civil. Desisten porque es demorado, son casos que pueden tardarse de tres a cinco años en resolver y resultan costosos”, explicó Carlos Felipe Guzmán, abogado de Calijurídica.com.
Cuenta que una de sus clientes denunció ante la Fiscalía hace ocho meses perjuicios por deformidad física en senos y abdomen. Sin embargo, el médico tratante la llamó para conciliar ofreciéndole un retoque.
“A veces es más fácil arreglar con el médico que someterse al desgaste del proceso, a recordar los hechos frente a un juez, a mostrar las afectaciones en su cuerpo”, agrega el abogado.
Gerardo Salcedo, presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle, otra de las instancias en las que se evalúan este tipo de casos, explica que “según lo que hemos indagado entre el gremio, la tendencia es que los médicos arreglan económicamente con sus pacientes y por eso los casos no llegan al tribunal. Se trata de un tema de inmediatez en la solución que el paciente quiere para salir de su problema”. 
Las sanciones que allí se emiten son para especialistas debidamente titulados y médicos generales que usurpan las labores de los especialistas, en casos de irregularidades en procedimientos.  Van desde llamados de atención hasta la suspensión del ejercicio médico por seis meses. La investigación para concluir en una decisión puede tardarse hasta 5 años.
“Hay  situaciones  en las que la persona pone la queja  y al explicarle que no tenemos competencia para emitir sanciones económicas por esos perjuicios vienen y presentan desistimiento. De ahí que los casos que atendemos sean mínimos”.
Reitera que “la competencia de este tribunal son los médicos profesionales, no cosmetólogos ni esteticistas. A ellos debe juzgarlos la justicia ordinaria”.

“Sin denuncias, se nos caen los casos”

Las denuncias también son pocas ante las instancias administrativas. En lo corrido del 2015, la Secretaría de Salud del Valle tiene 5 casos reportados por malas prácticas en procedimientos estéticos (incluyendo el de Angie Liceth). Por su parte, la Secretaría de Salud de Cali tiene a la fecha dos procesos que cursan trámite jurídico.
Se trata de una proporción mínima de denuncias si se tiene en cuenta que en Cali, considerada como una “fabrica de belleza”, se practican cada año 150.000 cirugías plásticas al año, solamente en sitios autorizados. Muchos más se harían en la clandestinidad.
“Solo uno de los casos que tenemos fue hecho con una denuncia formal. Tenemos dificultades porque no hay información completa, porque los familiares no cooperan, porque los implicados instauran recursos y se alarga el debido proceso. Para emitir una sanción podemos demorarnos hasta 15 meses. Pero cuando se denuncia, llevamos el caso hasta la sanción que corresponda”, dice Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del Valle.
Las autoridades no han podido dar con el paradero de la persona que le provocó la muerte a un joven de 28 años cuando le aplicó aceite de cocina para aumentarle los glúteos. La familia no ha dado información certera sobre su identidad o el sitio donde opera porque, al parecer, existiría una especie de pacto de silencio entre las partes. Si no hay sitio o persona sobre quien aplicar la sanción, el proceso probablemente se cerrará, advierten funcionarios de la dependencia. 
“Si la persona no denuncia, se nos caen los casos. Es necesario que quien ponga la queja aquí también lo haga ante la Fiscalía para que se corte de raíz el problema y el irregular no siga tratando más gente”, dice Freddy Agredo, jefe de Salud Pública y Epidemiología de la Secretaría de Salud de Cali.
 
Por falta de denuncia, por ejemplo, no se ha podido detener el accionar de dos miembros de la comunidad LGTBI famosos por practicar cirugías a bajo costo en el Ingenio.  
 
“Se han cambiado de casa tres veces, tres veces han cambiado la razón social y ahora se escudan en la hoja de vida de un médico para demostrar que hacen los procedimientos bajo lo que dice la ley. El de la estética es un mercado fluctuante. Podemos cerrar un establecimiento y los mismos dueños abren otro, es como jugar al gato y al ratón”, explica un técnico de la Secretaría Municipal.
 
Lina Triana,  presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, dice que “todas estas complicaciones que se presentan en cirugías plásticas estéticas son una realidad y demuestran que son un problema de salud pública para los ciudadanos. Además de tocar las puertas del poder ejecutivo y legislativo para que se reglamenten estos procedimientos, hay que hacerle un llamado a la gente para que no se quede callada. Hay que denunciar en pro de la salud pública, para que esos procedimientos solo sean realizados por personas idóneas”.
 

Antes de ingresar al quirófano

Hay cuatro puntos básicos que los expertos recomiendan  tener en cuenta antes de someterse a una cirugía plástica estética.
 
1. Estudie al especialista:  Verifique que quien va a realizar el procedimiento sea una persona especialista en el tema. Si es cirugía plástica, solo puede hacerla alguien que haya cursado ocho años de  medicina general y luego 4 años de especialización en cirugía plástica.
 
Si es un procedimiento invasivo (vacunterapia, cavitación, ultra cavitación, cámara hiperbá- rica, entre otros) los puede hacer un médico esté- tico, que es un médico general que ha cursado dicha especiali- zación.  Corrobore, además, si hace parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Estética. 
 
2. Busque en el certificado de la habilitación. Es el permiso  que otorga la Secretaría de Salud del Valle (se representa con una estrella) para realizar estos procedimientos. El certificado debe estar en un sitio visible en el consultorio o clínica a la que asista. Así lo tenga, cerciórese con la Secretaría de Salud del Valle de que ese permiso es legítimo.
 
3. Desconfíe del precio. Las cirugías y procedimientos estéticos tienen un costo alto, por cuenta de los insumos y equipos que garantizan mayor seguridad en el quirófano.  Desconfíe de promociones o bajos precios y cotice el procedimiento en varios sitios. Aunque al aceptar la cirugía, el paciente asume riesgos, pueden evitarse si se escoge un buen lugar.
 
4. Exija exámenes médicos.  Antes de entrar al quirófano, le deben realizar una valoración médica integral, para determinar si es apto o no para la cirugía. Recuerde que todos los procedimientos tienen un riesgo.
 

Investigan casos

La Secretaría de Salud del Valle adelanta proceso jurídico  en cinco casos reportados hasta el momento. 
 
20 de enero de 2015:  Una mujer denuncia ante la Secretaría a un médico general por daños en su cuerpo tras practicarle varias cirugías plásticas, sin que los resultados fueran los deseados. Adelantan investigación al médico implicado. El caso también está en Fiscalía.
 
 27 de enero de 2015:  A través de medios de comunicación se conoce el caso de una mujer de 37 años que resultó afectada por una liposucción hecha por una esteticista que operaba en su casa. Se cerró el consultorio.
 
 7 de marzo de 2015:  Muere una mujer de 31 años que se practicó una liposucción en un hospital de Cali que no estaba habilitado para realizar estos procedi- mientos. Avanza proceso jurídico.
 
7 de abril de 2015:  Un joven de 28 años murió luego de practicarse un aumento de glúteos en un sitios clandestino de Palmira. El proceso se encuentra en investigación preliminar